La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid que condena a la empresa Uralita al pago de indemnizaciones por un total de 1,7 millones de euros por falta de medidas preventivas en sus factorías de Getafe y Ciempozuelos, abre una nueva vía en los procesos judiciales planteados por las víctimas del amianto.
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